La Corte Suprema acogió tres recursos de protección presentados por funcionarios agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) y la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de Servicios de Salud (Fenpruss) en contra de la decisión del ministerio del ramo de aplicar descuentos a sus remuneraciones por su participación en paralizaciones.
En fallo unánimes (roles 1467-2011, 1890-2011 y 2094-2011) los ministros de la Tercera Sala Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Lagos acogieron recursos cautelares de los funcionarios de los Servicios de Salud de Coquimbo, Iquique y Arauco a los que se les aplicó descuentos en sus remuneraciones por plegarse a las movilizaciones realizadas durante las negociaciones del reajuste del sector público.
En el caso de los funcionarios del Servicio de Coquimbo se confirmó un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que ya el 31 de enero pasado había acogido la medida cautelar; mientras que en los casos de Iquique y Arauco se revocaron decisiones de los tribunales de alzada de Iquique y Concepción que el 21 y 28 de febrero -respectivamente- habían desestimados los recursos.
Los fallos determinan que los Servicios de Salud respectivos incurrieron en un acto arbitrario e ilegal a aplicar los descuentos en las remuneraciones de los trabajadores sin realizar los procedimientos administrativos respectivos, esto es, luego de los sumarios administrativos de rigor.
“La situación fáctica que sirvió de sustento para disponer los descuentos reclamados no se encuadra en la hipótesis que prevé el citado artículo 72. En efecto, las circunstancias que motivaron la medida cuestionada no se circunscriben al incumplimiento de la obligación de los recurrentes de asistir a su jornada de trabajo, sino a la paralización de actividades con ocasión de la discusión del proyecto de ley de reajuste de emolumentos para el sector público del país, hechos que habrían constituido una infracción a la prohibición de dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, que establece el artículo 84 letra i) del Estatuto Administrativo”, dice el fallo.
Agrega que: “En ese contexto, configurándose una eventual falta a los deberes funcionarios, ello podrá traer aparejado para los empleados infractores medidas disciplinarias, para cuya imposición se requiere necesariamente que la responsabilidad administrativa se acredite mediante investigación sumaria o sumario administrativo, atendiendo lo que ordena el artículo 119 del mencionado cuerpo normativo, pero que en el caso de marras no aconteció”.
Asmimismo se sostiene que: “Los descuentos realizados por el Servicio de Salud (….) revisten una manifiesta antijuridicidad si se tiene en consideración que se trató de un número indeterminado de funcionarios que asistieron a su lugar de trabajo, pero en adhesión al paro de actividades convocado por sus organizaciones gremiales, bien podrían haber efectuado labores que no implicaran la atención de público o incluso haber efectivamente prestado servicios en las atenciones de urgencia. Dichas posibilidades de acciones que pueden darse en una paralización de actividades de funcionarios del área de la salud, corresponde precisamente sean dilucidadas a través de la instrucción de un sumario administrativo que se dirija a establecer la identidad de los contravinientes y la infracción precisa en que incurrieron con las circunstancias que agraven o mitiguen la falta cometida”.
Por todo lo anterior se concluye que: “Con lo expresado, aparece que el Servicio de Salud (…) ha vulnerado la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que se ha privado a las recurrentes de una parte de sus remuneraciones al atribuírseles una presunta responsabilidad administrativa que no ha sido establecida mediante la correspondiente investigación sumaria o sumario administrative”.
Ante esta reflexión se ordena: “se acoge el recurso de protección interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 10, por lo que el Servicio de Salud (…) deberá dejar sin efecto la medida adoptada, debiendo reintegrarles a las recurrentes las sumas que hubieren sido ya descontadas de sus remuneraciones”.
Comentarios de Abogada Asesora Fenpruss:
Para la abogada asesora de Fenpruss Makarena Garcia, el fallo unánime la Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por los funcionarios de los Servicios de Salud de Coquimbo, Iquique y Arauco a los que se les aplicó descuentos en sus remuneraciones por plegarse a las movilizaciones realizadas durante las negociaciones del reajuste del sector público.
Los fallos determinan que los Servicios de Salud respectivos incurrieron en un acto arbitrario e ilegal a aplicar los descuentos en las remuneraciones de los trabajadores sin realizar los procedimientos administrativos respectivos.
Los descuentos realizados por los Servicio de Salud revisten una manifiesta antijuridicidad así lo ha manifestado la Corte Suprema
Con lo expresado, aparece que los Servicios de Salud han vulnerado la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que se ha privado a las recurrentes de una parte de sus remuneraciones al atribuírseles una presunta responsabilidad administrativa que no ha sido establecida .
La Excelentísima Corte Suprema ordena a los Servicios Aludidos reintegrarles a las recurrentes las sumas que hubieren sido ya descontadas de sus remuneraciones.
Con lo que queda de manifiesto que si a los funcionarios se les aplico descuentos sin establecer algún tipo de responsabilidad, deberá cada uno de los Servicios de Salud reintegrar las sumas descontadas, ya que nuestra Corte Suprema ha establecido un criterio claro “Los descuentos aplicados a los funcionarios de la salud son ilegales y arbitrarios”
Es exigible se subsane por parte de cada uno los Servicios de Salud de todo el país la ilegalidad y arbitrariedad cometida en contra de los profesionales de la salud.
Fuente: Radio ADN/ Biobio/ otros medios
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